Sevilla, qué ciudad tan bonita para visitar, para vivir y para soñar despierto. Un destino idílico que no solo presume de sus arraigadas costumbres culinarias, también se jacta de sus interesantes espacios naturales y monumentos emblemáticos. Y todo eso tiene un coste, claro.
En este sentido, se ha vuelto a abrir el debate sobre la implantación de un modelo de fiscalidad turística que sea voluntario para las ciudades y que se pueda desarrollar en Sevilla: la conocida como tasa turística. Entre sus detractores se encuentran aquellos que afirman que la imposición de esta tasa puede suponer un lastre para el turismo, desincentivando gravemente el mismo. Por su parte, los partidarios consideran que es justo, desde el punto de vista tributario, repartir los costes derivados del turismo entre los residentes y los visitantes, añadiendo que es un medio de seguir apostando por un turismo de calidad. No puede olvidarse que esta tasa existe desde hace años en numerosos países y las estadísticas no nos llevan a concluir que el turismo de tales regiones se haya visto mermado, ni mucho menos.
Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, ha acordado con los principales agentes del sector turístico impulsar y liderar este debate fijando como prioridades el consenso en cuanto al procedimiento de cobro y al uso de los recursos para que se ejecuten con la máxima transparencia y que tengan como destino final la mejora de la competitividad del destino turístico y de los servicios públicos.
Dichos aspectos, en su momento fueron el principal escollo para seguir adelante con el proyecto iniciado en 2020 por el entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pues, los empresarios del sector turístico se negaban a apoyarlo sin tenerlos bien definidos. Ahora, en el nuevo debate, esos empresarios siguen insistiendo en que su apoyo dependerá de cómo se recaude este impuesto, quién lo recaude (no sólo alojamientos hoteleros), a quién se le cobre y cuál será su destino. Además, exigen que el coste de la recaudación, es decir, el servicio y los medios para el procedimiento de cobro, corra a cargo del Ayuntamiento.
Así, con estas premisas, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla acordó elevar a la Junta y al Gobierno el debate de la conocida como tasa turística cuya recaudación tendrá como objetivo principal mejorar la competitividad y la sostenibilidad del destino turístico con gastos en promoción de la ciudad, inversiones en patrimonio, proyectos de mejora de los barrios más turísticos de la ciudad o mejora de los servicios públicos que se vean afectados por el turismo.
Historia de la tasa turística en España
En España, la primera comunidad en contar con un gravamen de este tipo fue Cataluña, en plena crisis económica. A diferencia de Sevilla, la dirección en esta cuestión la tomó la Generalitat a nivel autonómico y por tal motivo, en lugar de una tasa se estableció el Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET).
Asimismo, desde que la tasa turística se implantó en Cataluña en 2013 y hasta 2020, ha recaudado 371 millones de euros, y la Generalitat esgrime que, hasta que llegó la pandemia, no fue un freno para la llegada de visitantes, que fue ascendente, así como su gasto.
Por cierto, su constitucionalidad fue confirmada por Sentencia número 125/2021, de 3 de junio, y los municipios participar en un 50% de los ingresos generados, lo que, obviamente, supone un claro beneficio para las nada serenas arcas municipales.
Turismo: sector estratégico
Claro está que una vez que se regule su aplicación y excepciones, en definitiva, cuando se ponga en marcha la recaudación de la referida tasa, Sevilla, que recibió la visita de 2,5 millones de turistas en 2021 quedándose muy cerca de los 3,1 millones de 2019, será más competitiva y va a enamorar aún más tanto a los turistas como a los propios sevillanos.
Es sabido que el turismo es un sector clave en nuestra comunidad y nuestra provincia pues se erige como principal motor de creación de empleo y posiciona a Andalucía a la cabeza en este cometido. De hecho, la Junta ha informado que Andalucía es la comunidad que «más aporta» al aumento de puestos de trabajo de la hostelería en España.
En mi opinión, ahora que parece que estamos experimentando una recuperación de este sector tras el parón de la pandemia, es el momento idóneo para ponerse a trabajar en la definición de su marco legislativo y aplicación de esta tasa.
Marco legislativo: destino de la recaudación y aplicación voluntaria
Por último, habrá que confeccionar su marco legislativo que puede llegar por dos vías: autonómica, a través de una ley propia, o nacional, mediante una reforma que ya fue apuntada por el Ministerio de Hacienda justo antes de la pandemia.
Todo apunta a que se constituirá en nuestro caso como un tributo local, ya que la mayoría de los costes que provocan los turistas lo soportan las entidades locales. Por tanto, como exigen los empresarios del sector los ingresos provenientes de esta tasa deberán destinarse al mantenimiento y mejora de la seguridad ciudadana, limpieza viaria, transporte público, protección del patrimonio o la reversión del impacto ambiental.
En todo caso, teniendo en cuenta que en España la actividad turística supone un 12,4% del PIB (cifras anteriores a la pandemia), sí debería existir consenso en la necesidad de habilitar a los ayuntamientos para que establezcan esta tasa si lo consideran oportuno. Así, habrá municipios a los que les interese porque sepan que su turismo no se va a ver mermado por la imposición de este tributo; y otros, sin embargo, que estimen lo contrario en función de los estudios técnicos que realicen.
Para concluir, considero que para Sevilla la tasa turística será una buena forma de financiar el sobrecoste de los servicios públicos que implica su actividad turística, así como de diseñar su tipo de turismo. De este modo, el tributo podría ayudar a lograr un turismo de calidad, en el que los visitantes apreciasen los servicios públicos que se ponen a su disposición.
