En todo programa de acción política hay tres aspectos: la situación en que se produce, los fines que se quieren alcanzar y los medios de que se dispone para lograrlos (…). En cuanto a los medios de la acción política son decisivos los de carácter económico y financiero, pero estos no existen por separado de una estabilidad política (… ). Además del gran esfuerzo que se necesita para hacer estas cosas hace falta otro, aún mayor, para deshacer los obstáculos que se opondrían a estas acciones. Esta reflexión está extraída del texto del discurso de Manuel Fraga Iribarne en el acto de recepción en la Academia de Ciencias Económicas y Financieras, el 3 de mayo de 1962, semanas antes de su nombramiento como Ministro de Información y Turismo con Franco, además de Secretario del Consejo de Ministros. Corrían años de intentos de apertura internacional del franquismo y de vigencia del Plan de Estabilización de 1959, que incluía como uno de sus importantes ejes la captación de inversión extranjera, con una nueva legislación sobre inversiones exteriores que permitía la participación de capitales extranjeros en empresas españolas.
Esta viene al caso en el análisis de una de las medidas económicas contenidas en el reciente Real Decreto Ley 8/2023, de 27 de diciembre, que ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados, si bien se tramitará como proyecto de ley en los términos que establece el artículo 86 de la Constitución y el reglamento de la Cámara por el procedimiento de urgencia, cual es la creación del Fondo de Coinversión para la atracción de inversión extranjera (FCPJ), que tiene por objetivo el impulso de las inversiones en territorio español para el fortalecimiento del crecimiento de nuestra economía, la creación de empleo, la contribución a la transición ecológica y digital, además de la resiliencia social y económica de nuestro país. Con una dotación inicial para 2024 de 2000 millones de euros, a la que se podrán sumar nuevas dotaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de ejercicios venideros y los ingresos que se obtengan provenientes de las operaciones que se financien, se configura como un excelente medio para la atracción de capital internacional desde la implicación pública española con dicha finalidad.
Aplicando aquella reflexión a nuestro caso y desde el punto de vista de la situación en que se produce cabe destacar la necesidad y la urgencia de impulsar la transformación del modelo productivo español para preservar la integración de las empresas españolas en las cadenas globales de valor y, de esta forma, reforzar la competitividad y la resiliencia de la economía española. En relación con los fines que persigue ya ha quedado dicho que no es otro que el impulso de inversiones en nuestro país, con los efectos multiplicadores que caben esperar. Y en cuanto a los medios, estos pueden ser a través de inversiones directas y también indirectas, en las que las inversiones del Fondo no podrán suponer que la participación del capital de propiedad pública sea superior al 49% del capital total o del vehículo de inversión de que se trate.
Las condiciones de elegibilidad de coinversores y de operaciones quedarán detalladas en un próximo Acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá desarrollar lo que en esa norma se dispone. Y es aquí donde debe reclamarse que se deje de lado el pertinaz obstáculo para el desarrollo de acuerdos mediante espacios de colaboración, cooperación y coordinación entre el Gobierno de la nación y el de las Comunidades Autónomas (CCAA), por cuanto las operaciones que se financiarán deberán entroncarse necesariamente con la estrategia de desarrollo social y económico de los concretos territorios. Dichos espacios para el logro de objetivos comunes presiden las relaciones administrativas a las que se refiere la vigente Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Es lógico pensar en el efecto multiplicador que dichas relaciones tendrían al complementar los resultados estratégicos que la Agencia Andaluza TRADE busca a través de los instrumentos financieros contemplados en sus líneas de actividad de fomento o financiación empresarial y de desarrollo de negocio. Andalucía representa algo más del 13% del PIB nacional y ocupa el tercer puesto en su contribución estatal, por lo que el esfuerzo merece la pena.
En definitiva, por su importancia política y económica es necesario empezar a deshacer los obstáculos que la actual polarización política está creando en las relaciones entre administraciones y parece obligado pedir ese entendimiento y búsqueda de objetivos comunes entre los gobiernos de España y de Andalucía. En mi opinión, de un lado, el Ministerio de Economía debe buscar la implicación de las CCAA en una estrategia consensuada antes de que el Consejo de Ministros tome el acuerdo que venga a detallar la elegibilidad de coinversores y de beneficiarios de las operaciones y, de otro, el gobierno de Andalucía debe adoptar en este asunto una posición proactiva de ofrecimiento de diálogo sincero y de encuentro, lo que hace necesario que apueste definitivamente por sumar.
Creo que Andalucía agradecería que su presidente siguiera las reflexiones de quien fuera el presidente fundador de su partido.
Porque, uno más uno pueden ser más de dos.