Las nuevas cuentas del partido muestran transferencias millonarias a la Fundación Disenso mientras antiguos dirigentes y organismos fiscalizadores han cuestionado distintos aspectos de la gestión financiera de la formación
Las cuentas anuales de Vox correspondientes a 2025 han vuelto a colocar el foco sobre la gestión económica del partido de Santiago Abascal. La documentación conocida esta semana revela que la formación ha transferido ya cerca de 13 millones de euros a la Fundación Disenso desde 2020, una organización presidida por el propio líder de Vox y considerada el principal laboratorio ideológico de la extrema derecha española.
La cifra, adelantada por la Cadena SER, ha reactivado una polémica que acompaña a Vox desde hace años y que no se limita únicamente a las donaciones a Disenso. Diversos exdirigentes, antiguos cargos territoriales y organismos fiscalizadores han cuestionado en distintas ocasiones la transparencia de determinadas operaciones económicas vinculadas al partido.
Casi 13 millones para una fundación presidida por Abascal
Según las cuentas del partido, Vox destinó dos millones de euros adicionales a Disenso durante 2025, cantidad que se suma a las aportaciones realizadas en ejercicios anteriores y a nuevas transferencias registradas durante 2026. El montante total alcanza los 12,9 millones de euros desde la creación de la fundación.
La formación justifica estos desembolsos por la actividad de la fundación en materia de estudios, publicaciones, formación política, relaciones internacionales y producción de contenidos audiovisuales.
Sin embargo, la dimensión de estas transferencias ha provocado críticas tanto desde fuera como desde dentro del propio partido. Ya en 2023 distintas investigaciones periodísticas alertaron de que Vox había transferido varios millones de euros a una entidad privada presidida por su propio líder, una situación poco habitual en el panorama político español.
Las advertencias de Macarena Olona y otros exdirigentes
Las críticas internas comenzaron a hacerse públicas tras la salida de dirigentes históricos de la formación.
Macarena Olona, antigua portavoz parlamentaria y una de las figuras más relevantes de Vox durante años, llegó a reclamar públicamente que la Fundación Disenso hiciera públicos sus contratos y el destino detallado de los fondos recibidos.
Posteriormente, otros antiguos cargos y dirigentes territoriales denunciaron lo que consideraban una excesiva concentración de poder económico y político en torno al entorno más próximo a Abascal. Algunas de esas voces llegaron a acusar a la dirección nacional de utilizar estructuras paralelas vinculadas a la fundación y a empresas asesoras próximas al partido.
Entre los casos más recientes figura el de la exportavoz de Vox en Baleares, Idoia Ribas, que aseguró haber recibido presiones para transferir fondos públicos del grupo parlamentario hacia el partido y, posteriormente, hacia la Fundación Disenso. Vox ha rechazado estas acusaciones.
Las investigaciones y sanciones por financiación
Las controversias económicas de Vox no se limitan a las denuncias internas.
El Tribunal de Cuentas ha detectado en distintas fiscalizaciones posibles irregularidades relacionadas con ingresos en efectivo y aportaciones económicas sin identificar plenamente, lo que dio lugar a procedimientos sancionadores y multas que el partido ha recurrido ante los tribunales.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias para investigar posibles irregularidades relacionadas con mecanismos de financiación del partido, incluyendo la captación de fondos en efectivo y otras operaciones denunciadas por el PSOE.
Vox ha defendido reiteradamente la legalidad de todas sus cuentas y sostiene que sus procedimientos económicos cumplen la normativa vigente.
El préstamo del banco húngaro y las dudas sobre la financiación exterior
Otro de los episodios más controvertidos fue la obtención de financiación procedente de un banco húngaro vinculado al entorno político del primer ministro Viktor Orbán.
La operación permitió a Vox obtener varios millones de euros para financiar campañas electorales, una decisión que provocó críticas por la estrecha relación política existente entre ambas formaciones dentro de la derecha radical europea.
Aunque Vox defendió la legalidad del préstamo y aseguró que había sido concedido en condiciones de mercado, la operación alimentó el debate sobre la dependencia financiera del partido respecto a estructuras externas.
La cuestión de la transparencia
La polémica actual no gira únicamente alrededor de la legalidad de las operaciones.
La cuestión central es la transparencia. Exdirigentes, analistas y organizaciones de seguimiento de la actividad política llevan años reclamando un mayor detalle sobre el destino final de los millones transferidos a Disenso, los contratos adjudicados por entidades vinculadas al partido y la relación económica entre el partido, la fundación y determinadas empresas asesoras.
La revelación de que Vox ha destinado casi 13 millones de euros a la fundación presidida por Santiago Abascal vuelve a situar estas preguntas en el centro del debate político español. Y lo hace en un momento especialmente delicado para una formación que ha construido buena parte de su discurso en torno a la crítica de las élites políticas tradicionales, la denuncia del gasto público y la exigencia de una mayor transparencia institucional.
