El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a Airbnb la retirada inmediata de 65.935 anuncios de viviendas turísticas ilegales publicados en su plataforma. La medida, impulsada a través de la Dirección General de Consumo, responde a la detección de incumplimientos sistemáticos de la normativa autonómica en la publicidad de este tipo de alojamientos.
Según ha confirmado el Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy, los anuncios afectados corresponden en todos los casos a viviendas turísticas completas, no a habitaciones individuales, y se localizan en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi.
El TSJ de Madrid respalda la medida
Airbnb había recurrido judicialmente las resoluciones emitidas por el Ministerio, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las actuaciones de Consumo, ordenando el bloqueo inmediato de 5.800 anuncios incluidos en la primera resolución administrativa.
Tres motivos clave para la ilegalidad
La Dirección General de Consumo señala tres infracciones principales en los anuncios:
- Ausencia de número de licencia turística, exigido por diversas normativas autonómicas.
- Falta de información sobre la naturaleza del arrendador, es decir, si se trata de un particular o un profesional, dato crucial para garantizar la protección del consumidor.
- Uso de licencias falsas o no verificadas, lo que puede inducir a engaño a los usuarios de la plataforma.
Compromiso contra la especulación
El ministro Bustinduy ha reiterado su voluntad de reforzar la cooperación con otras administraciones para combatir la proliferación de alojamientos turísticos ilegales, que considera un obstáculo para el acceso justo a la vivienda y un riesgo para los derechos de los consumidores.
En esta línea, Consumo mantiene abierta una batería de expedientes sancionadores contra plataformas de alquiler y grandes gestoras inmobiliarias. Entre ellos, uno iniciado en diciembre de 2024 por ocultar el número de licencia en los anuncios y otro, abierto en febrero de 2025, por no especificar correctamente el perfil jurídico de los arrendadores. Además, el pasado marzo se abrió un procedimiento sancionador contra una inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas hacia inquilinos.
