La compatibilidad entre cargos políticos y responsabilidades en organismos públicos vuelve a situarse en el foco tras las informaciones publicadas sobre la situación del responsable de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, quien desempeña simultáneamente funciones en el partido y en el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
Álvaro Zancajo ejerce como coordinador nacional de Comunicación de Vox —cargo equivalente a director de comunicación— desde 2024, al tiempo que mantiene su puesto como consejero en el órgano que supervisa Canal Sur, por el que percibe una retribución pública que puede rondar los 60.000 euros anuales entre salario y dietas.
La normativa interna de la RTVA establece que los miembros de su Consejo deben desempeñar sus funciones con “dedicación absoluta y exclusiva”, además de prohibir expresamente cualquier vinculación con gabinetes de comunicación o actividades relacionadas con medios.
El origen de esta situación se remonta a su designación como consejero en 2022 a propuesta parlamentaria, dentro del reparto de cuotas entre partidos en el ente público andaluz. Posteriormente, asumió responsabilidades orgánicas en Vox, lo que ha generado dudas sobre una posible incompatibilidad entre ambas funciones.
Desde distintos ámbitos, como la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, se ha reclamado su cese o dimisión al considerar que podría estar incurriendo en una incompatibilidad, recordando que el reglamento del organismo contempla esta circunstancia como causa de destitución.
Por el momento, el Consejo de Administración de la RTVA no se ha pronunciado de forma oficial sobre el caso, en un contexto que algunos analistas califican de “limbo legal”, ya que situaciones similares se han producido en el pasado con representantes de diferentes formaciones políticas.
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y régimen de incompatibilidades en organismos públicos dependientes de las administraciones, así como sobre la necesidad de reforzar la regulación para evitar posibles conflictos de intereses.
