No tiene nada que ver con Susana Díaz y el tiempo que estuvo al frente de la Junta de Andalucía. Es lo que ha querido dejar claro hoy el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en relación a la denuncia que su partido ha interpuesto por la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el supuesto uso inadecuado del procedimiento excepcional de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19.
En este sentido, el socialista ha querido aclarar que no apunta a posibles «irregularidades» en la anterior etapa de gobierno socialista en la Junta, bajo la presidencia de Susana Díaz, y aporta informes de los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para sustentar sus tesis.
Así, Espadas ha querido aclarar al respecto que lo que se recoge en la denuncia del PSOE-A que un juzgado de instrucción de Sevilla ha admitido a trámite se centra en «la adjudicación a dedo» de contratos por parte del Gobierno andaluz del PP-A «abusando de la contratación de emergencia después de la pandemia, cuando «desde mediados del año 2021 ya no se podía» recurrir a ese mecanismo que la Junta gobernada por el PP-A siguió empleando «hasta finales del 2023».
«Lo que nosotros denunciamos es que, por esas contrataciones a dedo, evitando el concurso público, se ha producido claramente un quebranto de recursos públicos porque se ha adjudicado a empresas por un precio superior al que se hubiese conseguido en los concursos públicos», ha abundado Juan Espadas, que ha puntualizado que «en ese sentido» es en el que la denuncia socialista plantea «al juez que analice los precios que se conseguían en los contratos desde 2015 y, por tanto, también en los últimos gobiernos socialistas, para comprobar cómo las bajas de precios, del entorno de no menos de un 10% más baratas, no se han producido con las adjudicaciones a dedo que ha hecho (Juanma) Moreno».
De esta manera, ha subrayado que lo que pide el PSOE-A con su denuncia «no es que se investigue» la contratación de la anterior administración socialista «porque entendamos que hay» alguna «irregularidad» en aquella etapa, sino que «es al contrario», y lo que quieren poner de relieve en la denuncia interpuesta es que «en los contratos y adjudicaciones en concurso de esos gobiernos» –entonces presididos por Susana Díaz– «se dan precios más bajos de lo que ha pagado el señor Moreno Bonilla por estas contrataciones a dedo».
«Por tanto, no es que nosotros demandemos que se investiguen contratos anteriores, sino que, justamente, analizando esos contratos, se demuestra, como nosotros hemos comprobado, que cuando se adjudica por un concurso público, los precios son más bajos, y que lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla no sólo beneficia a las empresas que ha querido él, sino que, además, les permite, lógicamente, ganar un dinero extra que, si se hubiera producido una concurrencia y un concurso, hubiera bajado, y en no menos de un 10%», que es «la baja media de estos años» que han calculado desde el PSOE-A según lo que han podido «analizar».
«Esto es lo que queremos que determine o analice el juez», ha incidido Juan Espadas, que en ese punto ha añadido que comprende «el nerviosismo» del presidente de la Junta y «de su gobierno, intentando decir» que los contratos denunciados «estaban amparados por algún informe de la asesoría jurídica del SAS».
El dirigente socialista ha remarcado que «todo esto lo va a investigar y a determinar la justicia, desde el punto de vista de la existencia, o no, de responsabilidades penales» en la Junta, por lo que ha apelado a «dejar trabajar a la justicia y colaborar con ella» y, en segundo lugar, a «no decir mentiras», y al respecto ha subrayado que son los propios socialistas quienes en su denuncia aportan «informes de la asesoría jurídica del SAS» que «decían claramente que la contratación por emergencia es absolutamente excepcional, y que si no estaba ya permitida, como no lo estaba, a partir de mediados del 2021, su utilización excepcional no se podía hacer más que en algún caso concreto, y por no más de tres meses de duración».
De esta manera, Espadas ha sostenido que «no admite ni tiene defensa», basándose en dichos informes de la asesoría jurídica del SAS, que dicha forma de contratación se prolongara «de tres meses a dos años», incurriendo en un «desvío de fondos públicos» a través de «contratos de emergencia prorrogados y con adendas».
Espadas ha sentenciado que el Gobierno de Moreno «lo sabe» y «está intentando rebajar la responsabilidad, a pesar de que no da la cara y explica qué es lo que ha ocurrido aquí», y al respecto ha preguntado por qué el PP-A «negó una comisión de investigación en el Parlamento» sobre esta cuestión para dar «explicaciones políticas», y ha subrayado que en el PSOE-A están «dispuestos a esperar», y han interpuesto la referida denuncia ante un juzgado «porque por la vía política y parlamentaria no hemos recibido ni información ni ninguna explicación o justificación».
«Así que vamos a seguir avanzando», ha abundado el líder socialista, que ha anticipado que se «irán conociendo nuevas informaciones respecto a esta denuncia, porque desgraciadamente no ha sido un hecho puntual» dicha forma de contratación, sino «un ‘modus operandi’ del Gobierno de Moreno en relación con los contratos sanitarios, de contratar a quien quisieran, por el importe que quisieran, y en este caso generando, a nuestro juicio, un quebranto a las arcas públicas».
En esa línea, ha subrayado que dicha contratación no se estaba llevando a cabo para invertir dinero «en la sanidad pública, sino en la sanidad privada», y ha denunciado el «objetivo», a su juicio, del Gobierno del PP-A de que «se beneficien y se lucren» las «empresas que legítimamente se dedican en la sanidad privada».
Frente a ello, el líder del PSOE-A ha aseverado que «la principal prioridad» para el Gobierno andaluz debería ser «invertir todos los recursos públicos en lo público, y sólo puntualmente tener conciertos con la sanidad privada cuando lo público no puede dar una respuesta concreta», y ha insistido en lamentar que con la presidencia de Moreno «se ha generalizado la concertación y, en definitiva, la privatización del sistema sanitario público andaluz».
