Diputaciones y pequeños ayuntamientos rara vez ocupan los grandes titulares. Sin embargo, para miles de ciudadanos son las administraciones que deciden si una calle se arregla, si un pueblo mantiene sus servicios o si vivir lejos de una capital significa tener menos derechos.
Hay una política que sale todos los días en televisión. La de los ministros, los presidentes autonómicos, el Congreso, las encuestas y las broncas entre partidos. Y luego está otra política mucho menos ruidosa que empieza cuando uno abre la puerta de su casa.
Que la calle esté limpia. Que una farola funcione. Que haya actividades para los mayores. Que el polideportivo pueda seguir abierto. Que una familia tenga acceso a los servicios sociales. Que el agua llegue correctamente. Que una carretera local no se convierta en una carrera de obstáculos. Que un pequeño municipio pueda organizar su programación cultural o mantener una biblioteca.
Eso también es política. Y probablemente sea la que más directamente condiciona nuestra vida cotidiana.
Quienes vivimos en Andalucía sabemos perfectamente que nuestra tierra no termina en Sevilla, Málaga, Granada o las grandes ciudades. Hay cientos de municipios pequeños donde mantener unos servicios públicos dignos supone un esfuerzo enorme.
Un ayuntamiento de pocos miles de habitantes tiene prácticamente las mismas obligaciones básicas que uno mucho mayor, pero evidentemente no dispone de sus recursos económicos, técnicos ni humanos.
Ahí es donde las diputaciones provinciales adquieren un papel que, en mi opinión, no siempre sabemos explicar.
Cuando el tamaño del pueblo no debería importar
Reconozco que las diputaciones tienen un problema: mucha gente no sabe exactamente para qué sirven.
No elegimos directamente a sus presidentes y diputados, sus debates tienen poca presencia en los medios y buena parte de su trabajo se desarrolla lejos de la atención pública. Esa distancia provoca que periódicamente aparezca quien plantea que son instituciones prescindibles.
Yo no lo veo así.
Otra cosa es que debamos exigirles transparencia, eficacia y que no se conviertan en refugios políticos. Eso hay que exigirlo siempre y a todas las administraciones.
Pero eliminar una institución porque funciona mal en determinados aspectos es una solución demasiado sencilla para un problema bastante más complejo.
La pregunta debería ser otra: ¿quién presta entonces los servicios que necesitan los pequeños municipios?
Porque cuando un ayuntamiento carece de arquitectos, ingenieros, técnicos jurídicos, especialistas informáticos o capacidad económica suficiente para acometer determinadas inversiones, alguien tiene que ayudarle.
Y ese alguien, en muchísimas ocasiones, es la diputación.
Vivir en un pueblo no puede significar vivir peor
Hay una cuestión que me parece fundamental.
Un ciudadano que vive en un municipio de 2.000 habitantes paga impuestos igual que otro que reside en una gran capital. Evidentemente, no podemos pretender que ambos tengan una estación de AVE, un gran hospital o una universidad a diez minutos de casa. Sería absurdo.
Pero sí podemos exigir que exista un suelo mínimo de servicios públicos que no dependa del código postal.
Eso significa disponer de carreteras dignas, asistencia social, instalaciones deportivas, acceso a la cultura, administración electrónica, recogida de residuos, abastecimiento de agua o posibilidades razonables de transporte.
Los pequeños ayuntamientos son la primera puerta a la que llama el ciudadano cuando algo falla.
Y muchas veces ocurre una cosa curiosa: el vecino no pregunta qué administración tiene exactamente la competencia. Si una persona tiene un problema, va a su Ayuntamiento porque es la institución que conoce, la que tiene delante y aquella cuyo alcalde puede encontrarse cualquier mañana tomando café.
Esa cercanía tiene un enorme valor democrático.
Un alcalde de pueblo no vive dentro de un despacho
Ser alcalde o concejal de un municipio pequeño tiene poco que ver con la imagen que solemos tener de la política profesional.
En un pueblo, el alcalde sabe quién lleva semanas esperando que arreglen una calle. Conoce a la familia que atraviesa dificultades. Se encuentra en el supermercado con quien lleva meses reclamando una solución. Y cuando algo no funciona, difícilmente puede esconderse detrás de una rueda de prensa.
El ciudadano lo tiene a unos metros.
Eso obliga a rendir cuentas de una manera que no aparece en ninguna ley.
También explica por qué deberíamos cuidar más el municipalismo. La democracia no empieza en el Congreso de los Diputados. Empieza en el ayuntamiento.
Es probablemente la administración donde resulta más difícil convertir al ciudadano en una estadística.
La despoblación también se combate con servicios
Hablamos mucho de la España vaciada y de la pérdida de habitantes de numerosos municipios. Organizamos jornadas, presentamos estrategias y repetimos que necesitamos fijar población al territorio.
Pero nadie se queda a vivir en un pueblo simplemente porque se lo pidamos.
Para quedarse hacen falta oportunidades, vivienda, conexión a internet, servicios públicos, transporte y posibilidades de desarrollar un proyecto de vida.
Y aquí vuelven a aparecer ayuntamientos y diputaciones.
Cada piscina municipal que puede mantenerse abierta, cada carretera provincial que se mejora, cada programa de ayuda domiciliaria, cada actividad cultural o cada inversión que permite modernizar un servicio público contribuye modestamente a algo mucho mayor: que vivir en un pequeño municipio siga siendo una elección posible y no una condena a disponer de menos oportunidades.
Más recursos, pero también más responsabilidad
Defender estas instituciones no significa darles un cheque en blanco.
Al contrario.
Precisamente porque gestionan dinero público y porque son fundamentales para muchos municipios, debemos exigirles todavía más. Transparencia en las contrataciones, criterios objetivos para repartir inversiones, control del gasto y ninguna discriminación según el color político del ayuntamiento beneficiario.
Una diputación no puede convertirse en una maquinaria electoral.
Los recursos públicos pertenecen exactamente igual al vecino que votó al PSOE, al PP, a IU, a cualquier otra formación o que decidió no votar.
Y un alcalde tampoco debería medir el éxito de su gestión por las fiestas que organiza o por las fotografías que publica. Gobernar un municipio consiste, sobre todo, en resolver problemas bastante menos vistosos.
La política de las cosas pequeñas
Quizá nos hemos acostumbrado demasiado a medir la política por el volumen del enfrentamiento.
Mientras discutimos quién ganó el último debate televisivo, alguien está decidiendo si se arregla una carretera que utilizan quinientas personas cada mañana.
Mientras las redes sociales hierven con la polémica del día, un trabajador municipal está atendiendo a una persona mayor que necesita ayuda.
Y mientras hablamos de grandes estrategias contra la despoblación, un pequeño ayuntamiento intenta encontrar dinero para mantener abierto un servicio que sus vecinos consideran imprescindible.
Esa política casi nunca será tendencia en las redes.
Pero es la que encontramos al salir de casa.
Por eso creo que defender los pequeños ayuntamientos y unas diputaciones útiles, transparentes y al servicio de los municipios es también defender la igualdad.
Porque un país no puede medirse únicamente por cómo viven quienes están en sus grandes ciudades.
Se mide también por algo mucho más sencillo: por las oportunidades y los servicios que ofrece a quienes han decidido quedarse en el pueblo.
