«Yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin yo verlo».
— Juan Ramón Jiménez
Quizá pocas frases expliquen mejor lo que debería significar enfrentarse a una crisis humanitaria. Antes que inmigrantes, españoles, marroquíes, europeos, Gobierno u oposición, hay personas. Y quizá el primer fracaso de una sociedad sea dejar de ver al ser humano que camina a nuestro lado.
Todos hemos visto las imágenes de la entrada masiva registrada a finales de julio en la frontera entre Ceuta y Marruecos, así como las consecuencias humanitarias, sociales y políticas que todavía permanecen abiertas. Como suele ocurrir, cada uno ha construido su propia percepción, su análisis y su conclusión.
Unos se han dejado arrastrar por los bulos y la desinformación. Otros han convertido lo sucedido en una nueva oportunidad para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. También se ha recurrido a todo tipo de teorías geopolíticas y conspirativas para explicar la crisis.
Entre tanto ruido, existe una realidad mucho más sencilla:
Hay personas que sufren y un problema humanitario que necesita respuesta.
Y después está el problema político.
Son dos dimensiones distintas, aunque inevitablemente relacionadas.
Convertir una crisis humanitaria en un arma política es una forma de deshumanizarla. Pero también sería ingenuo pensar que una crisis fronteriza no posee implicaciones políticas, diplomáticas y estratégicas.
Marruecos tiene sus intereses. España tiene los suyos. Europa también.
Por eso, España necesita una política migratoria firme, humana, europea y, sobre todo, explicable.
Explicable a los ciudadanos.
Cuando un Gobierno no informa suficientemente sobre sus decisiones, deja un espacio que otros ocupan con bulos, manipulación y discursos de odio. Las contradicciones entre responsables políticos tampoco ayudan. La ciudadanía necesita saber qué ha ocurrido, qué se está haciendo y por qué.
La oposición tiene todo el derecho a criticar la gestión del Gobierno. Forma parte de la democracia. Lo que no debería resultar aceptable es convertir cualquier acontecimiento en una acusación permanente contra Pedro Sánchez ni utilizar a las personas migrantes como munición política.
Ni todo vale ni todo cabe
Defender la integración de las personas migrantes no significa negar que existen límites. Y defender el control de las fronteras no significa convertir al inmigrante en enemigo.
Una sociedad democrática tiene derecho a establecer quién entra, en qué condiciones y cuáles son los derechos y obligaciones de quienes llegan. También tiene el deber de proteger a las personas que huyen de situaciones de necesidad, siempre dentro de la legalidad y respetando los compromisos internacionales.
El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre humanidad, legalidad y seguridad.
España necesita inmigración. La agricultura, la construcción, los cuidados, la hostelería y muchos otros sectores conocen perfectamente la importancia de miles de trabajadores extranjeros que contribuyen cada día a nuestra economía y al sostenimiento de nuestra sociedad.
Personas latinoamericanas, marroquíes, africanas, europeas y procedentes de muchos otros lugares llegaron hace décadas, trabajaron, cotizaron, levantaron negocios, tuvieron hijos y terminaron haciendo suyo este país.
«No podemos mirar eternamente como extranjeros a quienes llevan años construyendo España junto a nosotros».
También hay españoles que llevan toda una vida trabajando, cotizando y esperando acceder a una vivienda o recibir determinadas ayudas. Las políticas públicas deben atender las necesidades sociales con criterios transparentes, justos y comprensibles, sin enfrentar a quienes llegaron de fuera con quienes nacieron aquí.
Los derechos no deberían repartirse según el origen de una persona, sino de acuerdo con la legalidad, sus circunstancias y unos criterios de acceso claros.
La escasez de vivienda, empleo o recursos públicos no puede convertirse en una competición entre personas vulnerables.
Pero tampoco debemos negar que una política migratoria mal gestionada puede generar problemas de integración, precariedad, vivienda, convivencia y seguridad.
Aquí conviene recordar algo elemental:
«La delincuencia no tiene nacionalidad».
Quien delinque debe responder ante la justicia, sea español o extranjero. Convertir el origen de una persona en la explicación automática de un delito es injusto. Pero también debemos reconocer que la exclusión, la marginalidad, la explotación y la ausencia de oportunidades pueden favorecer entornos de inseguridad.
El problema no es únicamente de dónde procede una persona, sino qué condiciones encuentra cuando llega y qué sociedad somos capaces de construir alrededor de ella.
Si encuentra empleo, vivienda, educación, sanidad, integración y expectativas de futuro, estaremos construyendo ciudadanía. Si encuentra explotación, abandono, marginalidad o redes criminales, estaremos alimentando un problema que terminará afectándonos a todos.
El problema también está dentro
España conoce la existencia de estructuras vinculadas al narcotráfico, la trata de seres humanos y el crimen organizado. Algunas llevan años asentadas en determinados territorios.
Por eso, resulta demasiado sencillo señalar únicamente al extranjero que delinque y olvidar las redes que permiten que esas organizaciones prosperen.
También debemos mirar hacia dentro: hacia los fallos de nuestras administraciones y mecanismos de control; hacia quienes blanquean dinero, facilitan infraestructuras o participan en las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado.
La respuesta no puede consistir en señalar a un colectivo. Debe consistir en perseguir al delincuente y desarticular las redes que se benefician de la desesperación humana.
Primero, las personas
La crisis de Ceuta no debería reducirse a una discusión sobre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, el Ministerio del Interior, Marruecos o la Unión Europea.
Todo eso importa.
Pero antes están las personas.
Hay que atenderlas, garantizar sus derechos y proteger nuestras fronteras. Hay que combatir a las redes que trafican con seres humanos, exigir responsabilidad y cooperación a Marruecos y reclamar a Europa una verdadera política migratoria común.
También es necesario explicar a los ciudadanos qué está haciendo el Gobierno y por qué.
Todo ello puede hacerse simultáneamente.
Una democracia adulta no debería obligarnos a elegir entre humanidad y seguridad. Podemos y debemos garantizar ambas.
También debemos abandonar una simplificación peligrosa: considerar que cualquier crítica a la política migratoria pertenece necesariamente a la extrema derecha. Del mismo modo, debemos rechazar la idea de que defender los derechos de las personas migrantes equivale a querer unas fronteras sin control.
Entre esos extremos existe una amplia mayoría social.
Una mayoría que desea seguridad, solidaridad, trabajo y vivienda; que quiere que quienes lleguen puedan integrarse, respetar las normas y contribuir a la sociedad; y que también exige que las fronteras sean gestionadas con rigor y seriedad.
Ese debería ser el punto de encuentro.
La inmigración no se gestiona con consignas. Se gestiona con cooperación internacional, integración, empleo, vivienda, educación, seguridad y una acción firme contra quienes trafican con la necesidad y la desesperación de las personas.
Dos problemas, dos respuestas
Quizá debamos dejar de preguntarnos si lo ocurrido en Ceuta constituye un problema político o humanitario.
Son las dos cosas.
Pero cada dimensión necesita una respuesta diferente.
El problema político exige estrategia, diplomacia, control fronterizo, cooperación europea y explicaciones claras a la ciudadanía.
Confundir ambas dimensiones nos conduce al enfrentamiento. Comprenderlas nos permite buscar soluciones.
Esa debería ser la responsabilidad del Gobierno, la oposición, las instituciones europeas y los medios de comunicación.
No necesitamos más ruido. Necesitamos más verdad.
No necesitamos convertir a los inmigrantes en enemigos. Necesitamos combatir a quienes trafican con ellos.
No necesitamos negar los problemas. Necesitamos resolverlos.
Y quizá por eso convenga volver a Juan Ramón Jiménez:
«Yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin yo verlo».
Tal vez ese sea el principio de cualquier política verdaderamente humana: volver a mirar a quien camina a nuestro lado antes de convertirlo en una cifra, una amenaza, un voto o un argumento.
Porque detrás de cada frontera hay una persona. Y detrás de cada persona hay una historia.
«La política debe proteger tanto la seguridad de quienes viven aquí como la dignidad de quienes llegan».
Ese es el difícil equilibrio que una sociedad democrática tiene la obligación de buscar.
